16/11/2024
El proyecto, para modificar la Ley 26.727, que regula el trabajo agrario fue presentado bajo el argumento de "modernizar las relaciones laborales en el campo", busca permitir que los trabajadores rurales sean contratados como monotributistas, liberando a los productores de cargas patronales y obligaciones laborales tradicionales
Manuel Aguirre, Un diputado correntino de la Unión Cívica Radical (UCR) desató críticas al presentar un controvertido proyecto que propone incluir la figura de "colaboradores con monotributo" para los peones rurales. Sin dudas , la iniciativa amparada en la reforma laboral de Milei podría aumentar la precarización y facilitar el empleo no registrado en el sector agropecuario.
El proyecto, para modificar la Ley 26.727, que regula el trabajo agrario fue presentado bajo el argumento de "modernizar las relaciones laborales en el campo", busca permitir que los trabajadores rurales sean contratados como monotributistas, liberando a los productores de cargas patronales y obligaciones laborales tradicionales. Esto, según el legislador, mejoraría la competitividad del sector y formalizaría a trabajadores actualmente fuera del sistema.
Sin embargo, gremios rurales y especialistas en derecho laboral advirtieron que esta figura legal precarizaría aún más las condiciones laborales en el campo, al despojar a los peones de derechos básicos como vacaciones pagas, aportes jubilatorios y cobertura de salud. "Esto no es formalización, es un retroceso en los derechos de los trabajadores rurales", expresó un representante de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
Desde sectores opositores calificaron la medida como un intento de fomentar el empleo no registrado bajo un marco legal que permitiría a los empleadores evadir responsabilidades. Además, señalaron que la propuesta coincide con una tendencia de políticas orientadas a la flexibilización laboral en varios sectores del país.
El proyecto aún debe debatirse en la legislatura provincial, pero ya generó un fuerte rechazo en organizaciones de trabajadores y sectores políticos que defienden el trabajo rural digno. La iniciativa promete abrir un encendido debate sobre la relación entre competitividad y derechos laborales en un sector clave para la economía de la región.
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