15/01/2025
El gobierno no renueva 1400 contratos en salud pública. Milei celebró la decisión en su cuenta de Twitter con el mensaje: «Seguimos con la motosierra».
El Ministerio de Salud de Argentina anunció que no renovará 1.400 contratos temporales del personal sanitario, una decisión que ha generado fuertes repercusiones en distintos sectores. Según las autoridades, la medida responde a un plan de ajuste presupuestario que busca reducir el gasto público, priorizando la eficiencia en los recursos.
La noticia rápidamente tomó un giro político cuando el presidente Javier Milei celebró la decisión en su cuenta de Twitter con el mensaje: «Seguimos con la motosierra», una frase que ha usado como símbolo de su promesa de recortar el gasto estatal. La publicación generó una oleada de reacciones, dividiendo a la opinión pública entre quienes apoyan la medida como un paso necesario para sanear las finanzas del país y quienes la critican por afectar a un área tan sensible como la salud pública.
Desde los gremios y asociaciones del sector sanitario, se manifestó un profundo rechazo a la decisión. "Es un golpe directo a los trabajadores y a la población que necesita atención. Reducir personal en salud no es ahorrar, es poner en riesgo vidas", expresó en un comunicado la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
En paralelo, analistas políticos señalaron que el festejo de Milei en redes sociales podría alimentar aún más la controversia. "El uso de términos como 'motosierra' en un contexto que afecta derechos laborales genera una percepción de insensibilidad hacia los sectores vulnerables", comentó el politólogo Santiago Godoy.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud aseguró que se están evaluando medidas para garantizar que la calidad de la atención no se vea afectada y que los contratos no renovados se concentrarían en áreas administrativas más que operativas. Sin embargo, esto no ha calmado los ánimos, y se prevé una serie de manifestaciones en los próximos días lideradas por trabajadores de la salud y organizaciones sociales.
La decisión abre un nuevo capítulo en el debate sobre las políticas de ajuste del gobierno, dejando al descubierto las tensiones entre la necesidad de equilibrar las cuentas públicas y el impacto social de las medidas.
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