Cómo es el polémico examen con el que Milei busca "depurar" el empleo público

En un nuevo giro de controversia, este medio ha tenido acceso exclusivo a los detalles del examen que el presidente electo, Javier Milei, planea implementar para los trabajadores del sector público en Argentina. Según fuentes estatales, la medida, diseñada para evaluar competencias de los empleados contratados, ya está generando tensiones y temor entre los trabajadores del Estado que sienten amenazado su futuro por un lado y por otro que estna siendo ninguneados con preguntas matematicas del estilo "despejar la X".

El examen, que aún no tiene una fecha definida pero que se prevé para diciembre o enero, abarcará temas como comprensión de textos, análisis matemático y administración pública. Estas áreas han sido seleccionadas, según los equipos técnicos de Milei, para medir la "idoneidad y eficiencia" del personal estatal.

Sin embargo, muchos interpretan la iniciativa como un pretexto para justificar despidos masivos en el sector del area de contratados cuyo vinculo laboral debe renovarse a fin de año.

Volver a la secundaria

Lo que más polémica ha desatado es que la medida afectará exclusivamente a los trabajadores contratados, dejando a los empleados de planta permanente fuera del alcance de esta evaluación. Esta distinción ha provocado un ambiente de incertidumbre y divisiones dentro del ámbito público, con trabajadores que sienten que están siendo injustamente obligados a "volver a la secundaria" para conservar sus empleos.

Tensión entre empleados públicos por el polémico examen de idoneidad

Sindicatos y agrupaciones de trabajadores estatales ya han manifestado su rechazo a la propuesta, calificándola como "una estrategia de tortura psicológica" y un "ataque directo a los derechos laborales". Además, advierten que la medida podría violar los convenios laborales y generar un clima de inestabilidad institucional en áreas críticas del Estado.

Por otro lado, los defensores del examen aseguran que es necesario reformar profundamente el sector público para hacerlo más eficiente, transparente y menos costoso para el Estado. Según ellos, la iniciativa busca priorizar la meritocracia y acabar con el "amiguismo" que, afirman, predomina en la contratación pública.

A medida que se acerca la fecha tentativa, los trabajadores contratados esperan más detalles y claridad sobre cómo se implementará el examen y qué consecuencias tendrá. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo, y el debate en torno a los derechos laborales y la reforma del Estado promete intensificarse en los próximos meses.