Derechos Humanos, Advierten que el gobierno echará a todos los trabajadores del área

En vísperas de las fiestas, el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ciro Annicchiarico, denunció que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, firmó una resolución para cesar la contratación de toda la planta de trabajadores contratados y temporarios a partir del 31 de diciembre.

Annicchiarico, con más de dos décadas en la Secretaría, expresó su preocupación por el impacto de esta medida en las políticas de derechos humanos del país, destacando que Argentina ha sido motivo de elogio mundial en este ámbito. Asi sostuvo que " Hoy 23 de diciembre como regalo para el árbol de navidad, se hizo saber de palabra, de palabra, pero proveniente del área de recursos humanos, que está la firma del Ministro del cese de la contratación de toda la planta de trabajadores, contratados y temporaria a partir del 31 de diciembre".

Además, señaló que hace días se dispuso un recorte salarial de más del 60% para los trabajadores, lo que agrava la situación en un contexto de crisis inflacionaria y pobreza."El 17 de diciembre pasado, hace solo una semana, el actual gobierno dispuso recortarnos más de un 60% los ya miserables sueldos que percibimos. ¿Saben lo que es en este momento de tremenda crisis inflacionaria, de pobreza, de hambre que se le recorte así de un saque a un trabajador el 60% de sus haberes mensuales? Pero, no es todo. Estos despidos representan un nuevo ataque hacia los trabajadores estatales y al movimiento de derechos humanos, poniendo en peligro programas y políticas en materia de violencia institucional, juicios de lesa humanidad, leyes reparatorias y de género, entre otros" expreso.

Frente a esta situación, se han recibido numerosos mensajes de apoyo y solidaridad desde organismos de derechos humanos, familiares, sobrevivientes y distintos sectores de trabajadores y organizaciones.Estos despidos representan un nuevo ataque hacia los trabajadores estatales y al movimiento de derechos humanos, poniendo en peligro programas y políticas en materia de violencia institucional, juicios de lesa humanidad, leyes reparatorias y de género, entre otros.

Frente a esta situación, se han recibido numerosos mensajes de apoyo y solidaridad desde organismos de derechos humanos, familiares, sobrevivientes y distintos sectores de trabajadores y organizaciones.