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La comisión interna de GPS-Aerolíneas denuncia un nuevo ajuste tras el despido del delegado Corradi
Los trabajadores tercerizados de rampa y equipaje advierten cambios en la operatoria, vacaciones obligadas y vuelos sin control de bodega, y vinculan las medidas al conflicto abierto por el despido de Luciano Corradi
El conflicto entre los trabajadores tercerizados de GPS —la principal empresa de servicios en tierra de Aerolíneas Argentinas— y la compañía sigue sin resolverse, y en las últimas semanas sumó un nuevo capítulo. La comisión interna de GPS-Aerolíneas Argentinas volvió a poner en alerta a los trabajadores frente a una serie de cambios en la operatoria que, según denuncian, anticipan un ajuste mayor sobre los puestos de trabajo y las condiciones laborales del sector.
Vuelos sin control de bodega
Según el comunicado de la comisión interna, la empresa ya trasladó dos máquinas de rayos X para que pasen a operar desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria, un movimiento que —de acuerdo a lo que sostienen los propios trabajadores— podría extenderse a la totalidad del equipamiento antes de fin de año. A esa modificación se suma ahora un cambio en los controles de equipaje: el lunes se realizaron cerca de diez vuelos como prueba de una modalidad de "vuelos sin control de bodega" que, de consolidarse en los próximos días, implicaría una violación a las normas internacionales de seguridad del equipaje aéreo.
El cuadro se completa, según la denuncia gremial, con "vacaciones obligadas y francos compensatorios" que la empresa justifica bajo el argumento de contar con "personal de sobra". Para los trabajadores, la combinación de estas medidas no puede leerse como hechos aislados: empieza a instalarse un clima de alerta en los distintos puestos de trabajo, donde se multiplican las versiones sobre qué sector podría ser el próximo afectado.
"El despido de Corradi fue el principio"
La comisión interna vincula directamente estas nuevas medidas con el conflicto que la afecta desde el despido del delegado Luciano Corradi, una decisión que los propios trabajadores calificaron desde el primer momento como ilegal y antisindical. "El despido de Lucho Corradi fue el principio, ahora preparan un ataque mayor", advirtieron en su comunicado, en referencia a lo que consideran una estrategia progresiva de la empresa para debilitar la organización gremial en el lugar de trabajo antes de avanzar con recortes más profundos.
El caso de Corradi no quedó circunscripto a un reclamo puntual: se transformó en una causa que convocó a otros sectores en lucha. El viernes 19 de septiembre, trabajadores de GPS marcharon junto a ferroviarios, trabajadores de la salud, docentes, estudiantes universitarios y usuarios del transporte público en la denominada "Marcha de la Bronca", que unificó distintos reclamos en curso y exigió puntualmente la reincorporación de Corradi y de todos los despedidos de GPS.
Un reclamo al sindicato
Además de las denuncias contra la empresa, la comisión interna dirige buena parte de su reclamo hacia adentro del propio movimiento sindical: exige asambleas y una respuesta más contundente por parte de UPADEP, el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector. Para los delegados, la magnitud de los cambios en marcha —desde el traslado de los controles de seguridad hasta la modalidad de vuelos sin revisión de bodega— amerita una instancia de discusión colectiva con los propios trabajadores, en lugar de que las negociaciones queden limitadas a las cúpulas gremiales y empresariales.
El trasfondo económico de la empresa también forma parte de la denuncia: los trabajadores señalan que la situación financiera de GPS es utilizada como argumento recurrente para justificar cada nueva medida de ajuste, en un esquema que —advierten— podría repetirse en otras terciarizadas del sector aeroportuario si el conflicto no logra torcerse a favor de los empleados.
Negocios con el Estado y dudas sobre la seguridad aérea
La comisión interna cuestiona además que el ajuste se presente como una necesidad financiera de la empresa. Según su denuncia, GPS mantiene contratos estatales obtenidos durante la actual gestión de gobierno y no atraviesa, según los propios trabajadores, una situación de faltante de recursos: "No es un problema de plata: GPS hizo negocios multimillonarios con el Estado", plantearon en su comunicado, para cuestionar que el recorte de personal y de controles se presente como algo inevitable en lugar de una decisión empresarial deliberada sobre las condiciones laborales de los tercerizados.
El otro eje central del reclamo pasa por la seguridad operativa. Los trabajadores de GPS son quienes realizan el control del equipaje de bodega para evitar actos de interferencia ilícita, una tarea que, señalan, empezó a dejar de cumplirse con los estándares habituales a partir de los cambios en marcha, lo que podría implicar un incumplimiento de normas internacionales de aviación. Por eso reclaman que la empresa emita un comunicado público garantizando la continuidad de los puestos de trabajo, y sostienen que la discusión ya no puede limitarse a un conflicto interno: para ellos, lo que está en juego alcanza también a la seguridad del servicio que presta Aerolíneas Argentinas a sus pasajeros. Mientras tanto, la incertidumbre sobre la continuidad laboral sigue siendo la principal preocupación entre el personal de rampa y equipaje que forma parte de la operatoria diaria de la aerolínea de bandera.
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