Cuidadoras de refugios: ATE denuncia violencia laboral y amenaza con un paro en Villa La Angostura

El segundo eje de la discusión está relacionado con la situación contractual de las cuidadoras. De acuerdo con el secretario general de ATE, actualmente conviven dentro de espacios de dependencia municipal trabajadoras pertenecientes a la Provincia, personal eventual y dos personas que todavía se desempeñan como monotributistas. El gremio considera necesario ordenar esa situación y reclama la incorporación de las cuidadoras eventuales a la planta municipal, además de la regularización de quienes facturan como monotributistas pese a cumplir tareas de dependencia permanente.

Vejar señaló que ya se realizaron presentaciones administrativas y reuniones con representantes del Ejecutivo municipal. "Nos hemos juntado con el Ejecutivo y está todo presentado, hay notas y completamos la parte administrativa. Si no avanzan con una respuesta para las compañeras, va a haber un paro general municipal", anticipó. El dirigente aclaró que la decisión de la asamblea ya fue comunicada como una forma de otorgar al Ejecutivo un margen para alcanzar una solución antes de concretar la medida de fuerza.

Un reclamo que excede a las cuidadoras

Durante la misma asamblea, los trabajadores municipales también abordaron la situación de las auxiliares de servicio y expresaron su repudio a publicaciones que consideraron desacreditaban su trabajo. Para el sindicato, el reclamo por las cuidadoras de refugios se enmarca en una discusión más amplia sobre las condiciones laborales del personal municipal, en un sector, el del cuidado, históricamente feminizado y con salarios y condiciones de trabajo por debajo de otras áreas del Estado. La definición del Ejecutivo en los próximos días determinará si el conflicto avanza hacia una medida de fuerza efectiva.

El cuidado, un trabajo invisibilizado

El planteo de ATE Villa La Angostura-Villa Traful pone sobre la mesa un problema que se repite en distintos municipios del país: las tareas de cuidado, mayoritariamente realizadas por mujeres, suelen quedar organizadas con contratos precarios, sin las condiciones de seguridad que ameritaría el contacto directo con personas en situaciones de violencia o crisis familiar. La combinación de esa precarización contractual con la exposición a episodios de violencia, como los que denuncia el gremio, expone a las trabajadoras a una doble vulnerabilidad: la de su propia situación laboral y la de las tareas de riesgo que deben afrontar a diario en los refugios. El reclamo del sindicato busca, en definitiva, que ese trabajo deje de depender de la buena voluntad individual de cada trabajadora y pase a contar con garantías institucionales concretas por parte del municipio.