16/01/2025

Comisión interna

El gobierno continúa con la "motosierra del ahorro" y despide a 150 trabajadores de la Subsecretaría de Puertos

Debido a la ley Bases los trabajadores que eran parte de la disuelta Administración General de Puertos (AGP) y la Subsecretaría de Puertos, quedaron «automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación».

El gobierno de Milei ha intensificado su política de austeridad, despidiendo a 150 trabajadores de la Administración General de Puertos (AGP)una medida que ha causado indignación entre los afectados y generado preocupación en el sector marítimo.


La motosierra llegó al puerto

Los empleados despedidos que tenian en algunos casos diez años de antiguedad formaban parte de las operaciones esenciales de la subsecretaría, que regula y supervisa la actividad portuaria en el país. Según fuentes internas, los recortes responden a una estrategia de ahorro impulsada por la Secretaría de Hacienda, que busca reducir el gasto operativo en todas las dependencias gubernamentales.

Debido a la ley Bases los trabajadores quedaron «automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación».

Por su parte, el gobierno ha defendido la medida argumentando que se trata de una reorganización necesaria para optimizar recursos y combatir la corrupción en el sector. "Estamos buscando un sistema más eficiente, con menor carga burocrática y mayores resultados", afirmó un funcionario cercano a la subsecretaría.

Sin embargo, los críticos advierten que los despidos masivos podrían tener consecuencias negativas para la competitividad portuaria del país y afectar la confianza de inversionistas en un sector clave para la economía nacional.

Se espera que los trabajadores despedidos busquen apoyo legal y organicen manifestaciones en los próximos días, exigiendo la restitución de sus empleos y mayor transparencia en las decisiones de austeridad del gobierno. Mientras tanto, el debate sobre los límites y consecuencias de la política de ahorro sigue abierto.

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