Explicó también que las actuaciones van en línea con las acciones promovidas contra los miembros del sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que «ocuparon ilegalmente, interrumpieron la prestación del servicio, paralizaron la sede central del Registro de la Propiedad Automotor».
A su vez, se señaló que no se permitirá «la extorsión, la violencia, los escraches ni las amenazas de ningún sector». «Los agentes que no se presenten a sus puestos de trabajo a prestar tareas y participen de actividades que no hayan sido consentidas de forma expresa por el Ministerio de Justicia serán pasibles de las sanciones», advirtieron.
El conflicto se hizo carne luego de que el Gobierno anunciara en julio el cierre de 136 sedes en todo el país y realizara un ofrecimiento de retiros voluntarios a 2500 trabajadores de DNRPA quienes perciben su sueldo por medio del Ente cooperador ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores) y gran parte de ellos no lo acepten.