En medio del conflicto con el INTA, el gobierno dice que había un empleado viviendo en la terraza

En un nuevo paso dentro de su plan de reducción del gasto público, el Gobierno ha intensificado las auditorías en diversos organismos del Estado. Recientemente, le tocó el turno al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una entidad clave para el desarrollo agropecuario, agroindustrial y agroalimentario del país. En las últimas semanas, las autoridades realizaron una revisión exhaustiva de sus instalaciones, incluyendo la sede central del INTA, ubicada en el barrio porteño de Palermo, donde se descubrió una insólita situación: uno de sus empleados había estado viviendo en la terraza del edificio durante varios años.

Este trabajador, que cumplía funciones como "encargado" del inmueble, habitaba una casilla en condiciones precarias, con paredes descascaradas y algunos vidrios rotos. El hombre disponía de pocos electrodomésticos, como una heladera y un televisor antiguo, además de mobiliario básico y algunos objetos personales. Ante este hallazgo, el Gobierno ha decidido intimar al empleado para que se jubile y, al mismo tiempo, llevar adelante la venta del edificio, que se subastará el próximo 23 de diciembre. Las oficinas del INTA serán trasladadas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, sobre Paseo Colón.

Pero el proceso de reorganización del INTA no se limita solo a cuestiones inmobiliarias. En paralelo, el organismo está llevando a cabo un relevamiento de sus tierras, con el objetivo de dar una nueva utilidad a las 70.000 hectáreas que actualmente permanecen sin explotación. Según fuentes del INTA, se espera que este trabajo termine en febrero de 2025, con medidas concretas entre enero y abril del mismo año. Entre las acciones previstas se incluyen la venta de algunas propiedades y la asignación de nuevos usos para otras.

Las autoridades nacionales avanzaron con un plan de modernización del organismo, que incluye la venta de terrenos y un cambio en la normativa y de las investigaciones que lleva adelante.

Uno de los principales objetivos del nuevo presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, quien asumió hace apenas dos meses, es reorganizar las investigaciones que lleva adelante el instituto. Actualmente, el INTA conduce unas 1.500 investigaciones, pero carece de una supervisión clara sobre su avance y objetivos. Por ello, Bronzovich remarca la necesidad de una mayor transparencia y una gestión más eficiente. En este sentido, uno de los desafíos es la falta de capacidad de decisión tanto de él como del Consejo Directivo, que se limita a aprobar proyectos con objetivos amplios y difusos, mientras que la ejecución de los mismos depende de los líderes regionales o de los responsables de cada proyecto.

El Consejo Directivo del INTA está compuesto por representantes del Poder Ejecutivo, universidades nacionales y cinco entidades agropecuarias privadas, entre ellas la Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En este nuevo contexto, el Gobierno busca fortalecer la participación del sector privado en las decisiones del instituto y garantizar que los reclamos de los productores agropecuarios sean tomados en cuenta en la selección de proyectos. El objetivo es que el INTA se convierta en una herramienta más eficaz para resolver los problemas del sector y fomentar la inversión privada, contribuyendo a que las investigaciones sean más aplicables y beneficiosas para los productores.