Milei despedirá con "justa causa" a estatales que hayan parado en registro automotor

El gobierno argentino, a través de la cartera dirigida por Mariano Cúneo Libarona, se encuentra en el centro de una polémica tras anunciar que despedirá con causa justa a los trabajadores estatales que participaron en las recientes protestas en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor (DNRPA). Estas manifestaciones tuvieron lugar tras el cierre de 136 oficinas en todo el país, una medida que generó tensiones entre los empleados y el gobierno.

Según fuentes oficiales, previamente se había ofrecido un programa de retiro voluntario a unos 2.500 trabajadores de la DNRPA como parte de un plan de reestructuración. Sin embargo, el anuncio de despidos dirigidos específicamente a quienes adhirieron al paro ha causado indignación en los sindicatos y en sectores opositores. Según Mariano Cúneo Libarona las protestas y el paro «provocaron pérdidas millonarias para el Estado argentino y daños irreparables a los ciudadanos».

En este sentido, Cúneo Libarona justificó la decisión alegando que "las medidas de fuerza violaron los principios de diálogo y afectaron la prestación de servicios esenciales para los ciudadanos". Sin embargo, los trabajadores y sus representantes sindicales denuncian que esta acción es una represalia directa contra quienes alzaron la voz para protestar por el cierre de los organismos y la pérdida masiva de empleos.

"Esta Administración no permitirá la extorsión, la violencia, los escraches ni las amenazas de ningún sector que interrumpan el normal desenvolvimiento de las obligaciones y de las funciones estatales y de los servicios que el Organismo de este Ministerio presta al ciudadano de bien, quien no debe pagar las consecuencias de la irracionalidad del accionar de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la cual, bajo falsos reclamos, persigue beneficios sólo para sus autoridades" lanzaron desde el gobierno en un comunicado.

La situación ha desatado una ola de críticas en redes sociales y manifestaciones en diversos puntos del país. Organizaciones de derechos laborales y políticos opositores han exigido al gobierno que reconsidere su postura, calificándola de "antidemocrática" y "persecutoria".

Mientras tanto, se espera que esta controversia continúe escalando, con nuevos paros y movilizaciones programados para los próximos días en rechazo a los despidos y en defensa de los derechos laborales de los trabajadores estatales.