Playeros de combustible en alerta: 70 mil puestos en peligro por el autoservicio

La reciente iniciativa del gobierno de implementar el autoservicio en las estaciones de combustible ha desatado una fuerte reacción por parte de sindicatos y trabajadores del sector, quienes advierten sobre los riesgos de seguridad y el impacto social que podría acarrear la medida.

El cambio, que busca modernizar la forma en que los usuarios cargan combustible y reducir costos operativos, pone en peligro más de 70.000 puestos de trabajo de los llamados "playeros" o despachadores de combustible. Estos trabajadores, esenciales en el funcionamiento diario de las estaciones, temen quedarse sin empleo en caso de que se implemente el modelo de autoservicio a nivel nacional.

Trabajadores de estaciones de servicio preocupados

Desde los gremios como el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, GNC, Garages y Playas de Estacionamiento (SOESGyPE), la respuesta ha sido contundente. Argumentan que el autoservicio no solo generaría un impacto negativo en la economía de miles de familias, sino que también incrementaría los riesgos de seguridad. "La manipulación del combustible requiere capacitación y conocimiento. Sin personal capacitado, el riesgo de accidentes e incidentes relacionados con el manejo de materiales inflamables se multiplica", señaló un representante sindical.

Además, se ha puesto en debate la viabilidad del modelo en regiones donde el acceso a tecnología o la infraestructura necesaria es limitado. También se cuestiona si los consumidores están dispuestos a asumir las responsabilidades y riesgos que implica cargar combustible por su cuenta.

En respuesta a las críticas, fuentes gubernamentales aseguran que el cambio busca adaptarse a estándares internacionales y mejorar la eficiencia del servicio. Sin embargo, aún no han presentado un plan claro sobre cómo compensar a los trabajadores afectados o garantizar la seguridad en las estaciones de autoservicio.

Ante esta situación, los sindicatos han comenzado a organizar marchas y protestas en distintos puntos del país, exigiendo que el gobierno reconsidere la medida. "No estamos en contra de la modernización, pero no puede hacerse a costa de miles de trabajadores y sin garantizar la seguridad de la población", expresaron líderes sindicales.

La discusión sigue abierta, y tanto los trabajadores como la población en general esperan una respuesta definitiva que equilibre las necesidades económicas con los derechos laborales y la seguridad pública.