Expreso Brío: 200 despidos, portón cerrado y denuncias de vaciamiento

A medida que pasaron los días después del cierre rosarino, los trabajadores y sus representantes gremiales comenzaron a armar una versión de los hechos diferente a la que plantea la empresa. Mientras Expreso Brío argumentaba una supuesta "retracción de actividad", los despedidos denunciaban una maniobra de vaciamiento deliberado.

Los hechos que sustentan esa acusación son concretos. Los dueños de Expreso Brío, señalan los empleados, abrieron nuevas sociedades comerciales dedicadas al mismo rubro: transporte y logística. Simultáneamente, están construyendo un galpón de considerables dimensiones en Rafaela, provincia de Santa Fe. La hipótesis de los trabajadores es que la operación busca desmantelar Expreso Brío bajo su estructura actual para reactivarla bajo otro nombre, con menos obligaciones y sin la historia sindical de la empresa. Es decir: ganar tiempo vaciando la compañía, esquivando así los pasivos laborales acumulados.

"Supuestamente iba a incorporar una empresa nueva que iba a agarrar lo que era Expreso Brío, pero nunca nadie se presentó, básicamente como que fueron ganando tiempo para ir vaciando la empresa", contó un trabajador cesanteado en su denuncia pública.

El papel del sindicato y las audiencias pendientes

En los días posteriores a los despidos, los trabajadores marcharon hasta la sede del Ministerio de Trabajo en Rosario. También recurrieron al Sindicato de Choferes de Camiones, que conduce Hugo Moyano. Hubo una primera respuesta: los delegados acompañaron a los empleados y los orientaron a formalizar la denuncia. Pero esa articulación inicial no prosperó. Los trabajadores cuentan que fueron citados a una reunión posterior en la que les dijeron "que no se iba a hacer más nada".

A fines de julio, se convocó una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. La empresa fue citada a comparecer. Pero más allá de esos encuentros formales, el contexto sugiere que los problemas de Expreso Brío van más allá de lo que una audiencia pueda resolver. Con 200 despidos acumulados en todo el país, sucursales cerradas, salarios adeudados y denuncias de vaciamiento, lo que está en juego no es solo una negociación salarial. Es la sobrevivencia de cientos de familias sin protección social clara y la pregunta sobre qué controles existen —si alguno— para evitar que empresas se desmantel de esta forma.

Un sector en crisis y más casos por venir

El caso de Expreso Brío no es aislado. El sector de transporte y logística atraviesa una contracción seria. Pero lo que diferencia a esta empresa es la magnitud del ajuste y la forma brutal en que se ejecutó. Con la reforma laboral vigente desde 2024, las reglas de juego cambiaron: el período de prueba se extendió a seis meses sin indemnización, las indemnizaciones se calculan sobre bases menores, y la flexibilidad para despedir creció significativamente. Expreso Brío parece ser un caso de libro de cómo esa reformulación legal se traduce en estrategias empresariales de máxima extracción: desmantelar sin riesgos, reactivar bajo otro formato, sortear compromisos sindicales y sociales.

Para los 60 rosarinos y los 200 trabajadores del país que quedaron sin trabajo, la batalla recién comienza. Denuncias formales, reuniones con funcionarios, búsqueda de representación gremial real. Pero la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿qué protecciones reales existen para trabajadores que enfrentan empresas que eligen cerrar sucursales, desaparecer bajo ese nombre y reaparecer bajo otro, evadiendo así obligaciones?