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Veinte meses de permanencia, veinticuatro imputados: la Justicia penal que ignora el lock out de FATE
La patronal denunció a trabajadores y dirigentes sindicales por usurpación mientras mantiene cerrada la única fábrica argentina de neumáticos para camiones y colectivos. Para el SUTNA, la persecución es el arma que falta para quebrar una lucha que ya lleva más de medio año.
Sebastián Tesoro es uno de los 24 trabajadores y dirigentes sindicales que fueron imputados en una causa penal abierta por denuncia del empresario Javier Madanes Quintanilla. No son acusados de robo, de hurto, de fraude. La acusación que los persigue es la de usurpación, el delito de haber ocupado la fábrica donde trabajan para defenderla de lo que ellos llaman, y lo que una Sala de la Cámara de Apelaciones reconoció, como un lock out patronal. Han cumplido 110 días de permanencia en la planta de San Fernando cuando la Fiscalía de San Fernando los cita a indagatoria.
El conflicto muestra en estado puro cómo funciona la Justicia cuando el Poder Judicial se cruza en la pelea entre patrones y trabajadores. A poco de haberse cumplido 100 días del cierre de la planta, ubicada en San Fernando, sus trabajadores permanecen adentro para defender sus puestos pero denuncian que se profundizó la persecución judicial: 24 de ellos fueron citados a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa abierta por la denuncia penal del dueño de FATE, el empresario Javier Madanes Quintanilla, por el delito de usurpación.
Cuando lo legal está de un lado
Hubo recambio de maquinaria previo al cierre, por eso los trabajadores dicen que no es un cierre, sino que es un lockout. Somos un grupo de trabajadores que centralmente estamos sosteniendo desde el día 1 la ocupación de la planta en los techos de la fábrica y en el alambrado, en la entrada con una carpa de familiares, con nuestras compañeras, nuestros hijos, nuestras familias, explicó Tesoro, quien es parte de la Comisión Directiva del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).
La respuesta de la Justicia penal vino meses después. A cuatro meses del anuncio del cierre de la fábrica, la Fiscalía de San Fernando convocó a declarar a operarios, delegados y dirigentes sindicales, entre ellos el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo. Esta medida judicial busca amedrentar la lucha por defender la única fabricante nacional de cubiertas para camiones y colectivos, y evitar la pérdida de miles de puestos de trabajo, expresaron desde el gremio, que se movilizaron en rechazo a esta acción al considerar que se trata de una persecución y criminalización de la protesta.
El problema para la patronal es que ya no puede ganar por dónde antes ganaba. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó previamente una orden de desalojo y sostuvo que los hechos debían entenderse dentro del marco de un conflicto laboral. Y casi un mes después, el tribunal falló a favor de los trabajadores, lo cual fue leído por ellos como el encuadre del conflicto por parte de la justicia en el ámbito laboral, y no penal. Entonces vinieron las indagatorias.
El sindicato en la mira
Somos 24, hay varios compañeros de la Comisión Directiva del Sutna, de la Comisión Ejecutiva, delegados, y varios compañeros de base que no tenemos cargo gremial, pero que estamos imputados también, detalló Tesoro a los medios. La distribución de los citados no es casual. El SUTNA manifestó su total repudio a la decisión persecutoria de la Fiscalía de San Fernando, que convocó a declarar a trabajadores de base, delegados, integrantes de la seccional San Fernando, miembros de la comisión directiva y al propio Crespo.
Lo que la persecución judicial busca es debilitar la estructura gremial que sostiene la permanencia. Si se logra aislar a los dirigentes o hacerlos comparecer bajo presión, la ocupación pierde coordinación. Si el fiscal logra que declaren (incriminarse) desde adentro, el edificio defensivo comienza a resquebrajarse. Es viejo el recurso de criminalizar la protesta gremial, pero sigue siendo efectivo cuando falta solidaridad de otros sectores.
Quien solicitó las indagatorias en la causa que sigue abierta, es el fiscal Marcelo Fuenzalida, quien ya se había pronunciado a favor del desalojo. Sobre él pesan críticas en otros expedientes sensibles. Organizaciones y familiares de víctimas lo han cuestionado por su desempeño en investigaciones vinculadas a violencia de género y abuso sexual, y reclamaron en distintas oportunidades su apartamiento.
La otra realidad: 50.000 cubiertas en depósito
Tesoro destacó que hay más de 50.000 cubiertas en los depósitos, que la planta, desde el día que cerró hasta ahora, sigue energizada, con las máquinas en condiciones.Ahí están los hechos que la Fiscalía parece ignorar: una fábrica lista para producir, stock de productos terminados, equipamiento funcionando.La pregunta que flota es si la Justicia penal está ahí para esclarecer qué es un lock out o para perseguir a quién lo resiste.
FATE es la única fábrica argentina que produce neumáticos para camiones y colectivos. Una industria estratégica que desaparecer genera un agujero no solo en lo económico sino en la autonomía del país. El sindicato sostiene que FATE es la única fábrica de neumáticos para camión y colectivo en el país. De acuerdo con la organización de los trabajadores, la producción resulta estratégicamente necesaria e irremplazable para el funcionamiento del transporte de bienes y personas en todo el país, e inclusive para realizar exportación vía terrestre.
La campaña sigue, la persecución no para
Estamos lanzando una campaña contra las persecuciones judiciales, cumplimos 110 días de permanencia, denunciando fuertemente el lock out de la patronal de Madanes Quintanilla, afirmó Tesoro. No es un acto de resistencia aislado. Familiares, compañeros y delegaciones sindicales acompañaron a los trabajadores citados a declarar y reclamaron el fin de la persecución y la reapertura de la fábrica. Este jueves por la mañana, una nueva muestra de unidad y solidaridad acompañó a los trabajadores de Fate convocados a declarar en la Fiscalía de San Fernando.
La solidaridad cuenta, pero también pesa la fatiga. Seis meses de permanencia no son lo mismo que un acto de protesta. Es dormir en techos, es llevar a la familia a una carpa en la puerta, es ver pasar los días sin cobrar mientras esperás que la Justicia se pronuncie sobre si defenderse tiene que ser un delito.
¿Por qué importa: qué está en juego
El conflicto de FATE es un test del poder del sindicalismo argentino en 2026. El Sutna impulsa un proyecto de ocupación temporal o intervención transitoria del directorio por el gobierno provincial de Buenos Aires, para preservar la producción estratégica de neumáticos para camión y colectivo y evitar el despido de alrededor de 920 trabajadores directos y miles indirectos. Pero mientras que hay seis meses de lucha en la planta, hay fiscales que ensayan un delito —usurpación— para quebrar lo que cuatro meses de negociación, de mediación estatal, de conciliación no pudieron romper.
La persecución judicial no es un accidente en el conflicto de FATE. Es la continuación de una estrategia. Cuando la permanencia se sostiene y tiene respaldo político, cuando ni el desalojo ni la represión policial doblan a los trabajadores, llega la Justicia penal para criminalizar a los nombres, los rostros, los cuerpos que defienden la fábrica. Eso es lo que pasa ahora en San Fernando. Y por eso Tesoro, Ottoboni, Crespo y los otros veinte están citados a declarar.
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