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Granja Tres Arroyos: dos batallas simultáneas de la comisión interna
La planta de Concepción del Uruguay despidió 260 trabajadores, pero el STIA negocia una reapertura parcial mientras demanda a los accionistas. Así juega el gremio en la crisis de la avícola.

En la planta La China de Granja Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay, hace casi cuatro meses no corre actividad. El 29 de julio llegaron los telegramas: 260 trabajadores despedidos de un plantel que ronda los 900. La empresa argumentó crisis por gripe aviar, pérdida de mercados, costos altos. El sindicato dijo que sin demostrar nada, la empresa se amparó en un artículo de la ley que permite indemnizar al 50%. Pero la comisión interna del STIA no se quedó esperando a que los despidos se consumaran. Hace apenas una semana, está negociando y demandando a la vez.
La grieta en 15 días hábiles
El gobierno de Entre Ríos dictó conciliación obligatoria el 13 de agosto y ordenó retrotraer todo al estado previo a los despidos. Los trabajadores entraron de nuevo a la planta. La primera audiencia fue el 20 de agosto; la segunda está fijada para el 28. Quince días hábiles es el plazo que marca la resolución 363/2026 para que las partes logren un acuerdo. En ese lapso, el sindicato tiene que decidir si acepta una planta reducida o insiste en la reactivación completa, y si la empresa presenta un plan concreto o sigue patinando con "conversaciones con acreedores".
La empresa que no negocia de frente
En las audiencias, Granja Tres Arroyos envió abogados, no empresarios. Cuando los dirigentes sindicales preguntaron qué estaba dispuesta a hacer la compañía, escucharon que estaban evaluando alternativas y negociando con acreedores externos. Ningún plan sobre la mesa. Ningún número concreto. Ninguna fecha de retorno. El STIA interpretó el mensaje: la empresa juega para ganar tiempo mientras espera que las presiones financieras la obliguen a cerrar, o que el sindicato se canse.
La responsabilidad que el gremio le reclama a los dueños
Mientras tanto, en los tribunales, el sindicato activó otra estrategia. Reclamó formalmente que los accionistas mayoritarios de Granja Tres Arroyos respondan con su patrimonio personal por las indemnizaciones de los trabajadores. No es un reclamo menor: es traspasar el peso de la crisis de la empresa a los que la conducen, no dejarla en manos de concursos o quiebras donde los trabajadores quedan último en la fila de acreedores. El secretario general del STIA filial Concepción, Julio Chamorro, fue claro: pidió "la responsabilidad personal de los socios gerentes y accionistas mayoritarios para que puedan responder con sus bienes por el impacto y el daño".
El gremio abre una puerta, pero con condiciones
No todo es confrontación. El STIA también dejó claro en las negociaciones que está dispuesto a conversar sobre una reapertura parcial de la planta, con menos personal, si la empresa demuestra que no puede sostener toda la dotación y presenta un plan real de producción. Eso es una flexibilidad que no cualquier sindicato ofrece en medio de una crisis. Pero viene con un precio: que sea de verdad, que sea escrito, que sea creíble.
La paradoja de la gripe aviar y la deuda millonaria
Granja Tres Arroyos fue alguna vez la mayor procesadora avícola del país. Llegó a faenar 760.000 aves por día y empleaba a casi 7.000 trabajadores en varias plantas. Ahora debe USD 350 millones a acreedores, está pidiendo quitas de hasta el 75%, y tiene paralizada la planta La China desde mayo. La empresa culpa a la gripe aviar y las restricciones a exportación. Pero el STIA y otros gremios sostienen que eso son factores externos que afectaron a todo el sector, no explicación para esta caída tan abrupta. Mientras tanto, los 900 trabajadores de Concepción del Uruguay viven de subsidios provinciales y módulos de comida.
Qué sigue: el 28 de agosto es la próxima batalla
En seis días hay otra audiencia. El sindicato va con claridad: o la empresa presenta un plan concreto o el STIA intensifica la confrontación judicial. La comisión interna juega en dos tableros porque sabe que la negociación pura no funciona si no hay amenaza legal atrás. Y porque entiende que en una crisis como esta, donde la empresa dice "no sabemos qué va a pasar", la única certeza que pueden crear es la de que los dueños van a responder de todas formas. Ya sea porque reabren la planta, ya sea porque los juzgados lo ordenan.
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