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Molinos Río de la Plata: 18 meses sin despidos tras la negociación de la comisión interna

La comisión interna de Esteban Echeverría frenó un plan de cesantías de una compañía de los Pérez Companc: logró blindaje laboral, plus salarial y promesa de no despedir.

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Por Admin4 min de lectura
Maria Pia Gazzella at a UK Trade & Investment training course at the British Embassy in Buenos Aires — foto de Foreign, Commonwealth & Development Office (licencia BY-ND vía Openverse)
Maria Pia Gazzella at a UK Trade & Investment training course at the British Embassy in Buenos Aires — foto de Foreign, Commonwealth & Development Office (licencia BY-ND vía Openverse)

En septiembre pasado, en la planta de Molinos Río de la Plata ubicada en Esteban Echeverría, la comisión interna rubricó un acuerdo que parecía impensado hace apenas cuatro meses. La empresa se comprometió a no despedir trabajadores durante los próximos dieciocho meses. No es poco. En un contexto donde cierres de fábricas y despidos masivos son el menú habitual de cada semana laboral en el país, una cláusula de esa envergadura representa una trinchera conquistada a fuerza de asambleas, denuncias y firmeza gremial.

Cómo empezó el conflicto

A mediados de mayo, Molinos Río de la Plata —una de las alimenticias más grandes del país y propiedad de la familia Pérez Companc— convocó a reuniones con grupos de trabajadores. El mensaje fue claro: caída de ventas, contexto de consumo deprimido, necesidad de reducir costos. La propuesta, tan velada como amenazante: rebajar salarios y trabajar con dotaciones de personal por debajo de lo recomendado por el Comité Mixto de Seguridad e Higiene. Lo que era un eufemismo de la patronal tenía otro nombre en la fábrica: precarización e ilegalidad.

La comisión interna levantó la alarma. El 23 de mayo alertó públicamente sobre esas reuniones irregulares. Pocos días después, el 26 de mayo, la empresa comenzó a reducir personal en las líneas de producción. El 17 de junio ejecutó los primeros despidos: diez trabajadores cesanteados. La justificación empresarial: necesidad de ajuste. La lectura sindical: un plan de desindicalización y precarización calculado para debilitar la capacidad de resistencia.

La defensa de la comisión interna

Luciano Greco, delegado de la comisión interna, no necesitaba esperar instrucciones de la cúpula sindical para saber qué hacer. Junto con sus compañeros, convocaron asambleas en los tres turnos de la planta. Los trabajadores votaron rechazar cualquier renuncia a adicionales de convenio. El 17 de junio, mismo día de los despidos, la comisión interna denunció ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires la reducción ilegal de dotaciones y la falta de condiciones seguras de trabajo.

El conflicto escaló. A principios de junio, la comisión interna convocó a un paro por tiempo indeterminado. La acción fue contundente: exigían la reincorporación de los despedidos, el cese de nuevas cesantías y garantías de seguridad laboral. Simultáneamente, se reunieron con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, para que mediara en una solución. La presión comenzó a funcionar.

Un acuerdo que cubrió lo esencial

En septiembre, tras meses de negociación ardua llevada adelante por la comisión interna y la conducción del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Molinos Río de la Plata cedió. El acuerdo firmado incluyó dos garantías fundamentales: prohibición de despidos por dieciocho meses y pago de un sueldo bruto extra mensual para trabajadores que durante ese período no prestaran tarea los sábados en turno tarde.

Fue una victoria parcial, pero contundente. La empresa no reincorporó a los diez trabajadores despedidos —un punto que la comisión interna prometió seguir peleando— pero selló un blindaje que protege a los doscientos operarios que siguen en la planta. En un país donde los paros patronales, los cierres sorpresivos y los despidos sin causa son el pan de cada día, asegurar estabilidad laboral por año y medio no es un detalle cosmético.

Por qué importa esta pelea

Molinos Río de la Plata es emblema de un patrón: empresas de familias multimillonarias que, en contextos de ajuste gubernamental, usan esa cobertura política para imponer precarización. Los Pérez Companc son una de las cuatro familias más ricas del país según rankings internacionales. La excusa de caída de ventas sonaba menos convincente viniendo de semejante caudal patrimonial. Pero la comisión interna lo leyó bien desde el principio: no se trataba de necesidad empresarial, sino de oportunidad para disciplinar y debilitar.

El acuerdo de Molinos, además, demuestra que la negociación desde la base —sin grandes titulares de prensa, sin centrales sindicales haciendo anuncios— sigue siendo posible. La comisión interna funcionó como lo que debería ser siempre: la vanguardia de la defensa laboral en el lugar donde la gente trabaja, donde se conocen los nombres de cada compañero, donde una asamblea en turno noche cuenta de verdad.

Qué sigue en la fábrica

El acuerdo cubre dieciocho meses. Después de eso, la cancha se vuelve a abrir. Por eso la comisión interna ya anticipa la siguiente batalla: la reincorporación de los diez despedidos y la ampliación de garantías. Mientras tanto, los trabajadores tienen aire para respirar. Mientras tanto, doscientas familias en Esteban Echeverría duermen un poco más tranquilas sabiendo que su ingreso está protegido hasta septiembre de 2027.

En una industria alimenticia que pierde volumen de compras y que ve mermar sus márgenes, la pelea de Molinos es también un recordatorio: que la patronal tenga poder no significa que la tengan toda. Que haya gobiernos proclives al ajuste no significa que los trabajadores estén desarmados. Una comisión interna atenta, asamblearia y decidida puede frenar incluso a los Pérez Companc. No es la victoria total, pero es victoria. Y eso, en tiempos como estos, vale mucho.

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