Mujeres lideran los despidos mientras la violencia laboral avanza sin regulación

En 2021 se realizó el Primer Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas. Entre los puntos consensuados figuraban: combatir la violencia laboral, luchar por representación equitativa, ampliar licencias de maternidad y paternidad, abrir guarderías. Un acta de conclusiones que recogió demandas antiguas.

Para 2026, los sindicatos siguen debatiendo lo mismo. Mientras, 130 gremios suscribieron un Acta Compromiso que supuestamente los obliga a crear o fortalecer áreas específicas para atender violencia laboral. Pero sin recursos, sin poder real en la negociación, sin castigos para empresas que incumplan, el acta es otra promesa sin implementación.

La Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio existe desde hace años. Ofrece capacitación, materiales, asesoramiento. Pero la violencia persiste porque no hay sanción efectiva. Denunciar no lleva a nada. Denunciar y después perder el trabajo es el riesgo que corren las mujeres cuando rompen el silencio.

Cuando el sindicato es parte del problema

Hay un obstáculo que casi nadie menciona: la violencia que ejercen los propios sindicatos sobre las mujeres que se animan a liderar. En gremios conducidos por hombres, las mujeres que reclaman derechos específicos son marginalizadas, aisladas, sacadas del circuito informal de poder. La tutela sindical ha protegido a docentes varones acusados de violencia de género porque el sindicato defendió "sus derechos" antes que los de las mujeres agredidas.

Los sindicatos necesitarían hacer lo que muy pocos hacen: implementar protocolos de violencia intrasindical, auditar sus propias prácticas de género, sancionar internamente a dirigentes que ejerzan violencia. Eso requiere poder real de las mujeres en los directorios. Requiere que el cupo sea efectivo, no decorativo.

¿Qué cambiaría si el cupo se cumpliera de verdad?

Si las mujeres ocuparan realmente el 30% de los cargos sindicales —no como presencia, sino como poder decisorio—, las paritarias incluirían reclamos específicos: erradicación de la brecha salarial de género, protección contra violencia laboral con sanciones concretas, licencias amplias, guarderías en los lugares de trabajo, protección contra despidos discriminatorios de gestantes y madres.

No es un sueño. Ya hay ejemplos: la Federación Argentina Unión Personal de Panaderías y Afines (FAUPPA) firmó un acuerdo específico de erradicación de violencia, desigualdad salarial y acoso laboral con la patronal. Fue un salto cualitativo en el sindicalismo nacional porque lo hicieron con poder real, no con buenos deseos.

Pero es la excepción. La regla es que mientras 65,5% de las mujeres sufren violencia laboral, los sindicatos siguen debatiendo si es importante hablar de eso, como si fuera un tema de suplemento, no de vida o muerte en los lugares de trabajo.

El primer paso: que los sindicatos cumplan la ley

No se trata de inventar nuevos derechos. La Ley de Cupo Sindical Femenino ya existe. Simplemente, hay que aplicarla: auditar que las listas de candidaturas cumplan con el 30%, que las mujeres electas ocupen lugares con poder decisorio real, que participen en comisiones negociadoras, que sus voces determinen las estrategias de paritarias.

Después, que los sindicatos que firmaron el Acta Compromiso sobre violencia laboral le den contenido: protocolos reales, investigación de denuncias, sanciones a agresores, capacitación obligatoria, espacios seguros para denunciar sin miedo a represalias.

Mientras tanto, las mujeres seguirán siendo despedidas primero, violentadas todos los días, ganando 30% menos, llevando adelante sus hogares con recursos insuficientes, e intentando ser escuchadas en sindicatos que aún no decidieron si realmente las quieren ahí.