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Obras sociales sindicales: el 78,5% de sus afiliados aporta menos que el costo del PMO y se discute la prórroga de la emergencia sanitaria

Unas 5.000 clínicas y sanatorios dependen de que el Congreso prorrogue a fin de año la emergencia vigente desde 2001; un proyecto en Diputados propone regularizar deudas en hasta 180 cuotas

Por Admin5 min de lectura21 de octubre de 2026

Un médico explica algo a un paciente en un consultorio, con una carpeta y una lapicera sobre el escritorio

La crisis del sistema de salud no está todavía en el centro de la discusión pública, atravesada por las negociaciones sobre la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027, pero hay un trabajo silencioso de legisladores, operadores y empresarios cada vez más preocupados por el sector, según una columna de Infobae publicada el 18 de octubre. En el caso de las obras sociales sindicales, la situación es todavía más acuciante: de acuerdo con informes de la CGT, el 78,5% de sus beneficiarios aportan menos que el costo del Plan Médico Obligatorio (PMO).

Un sistema con un desequilibrio de origen

El dato de la CGT describe un problema estructural. Si casi 8 de cada 10 afiliados aportan menos de lo que cuesta la cobertura mínima que la ley obliga a brindar, la ecuación de las obras sociales depende de que otros aportes, transferencias o fondos de compensación cubran la diferencia. Según Infobae, fue una discusión que el sindicalismo, con Gerardo Martínez a la cabeza, llevó a la mesa de negociaciones con el Gobierno durante el debate de la reforma laboral, pero no llegó a buen puerto.

Esta no es una novedad aislada para quienes siguen el tema. A fines de agosto, la CGT había alertado por el colapso financiero de las obras sociales y por el deterioro de las prestaciones, y a fines de septiembre la UTA le advirtió al ministro Mario Lugones que las obras sociales sindicales atraviesan un "estado económico sumamente crítico".

La emergencia que vence a fin de año

Según fuentes del sector citadas por Infobae, un universo de unas 5.000 clínicas y sanatorios privados corre serios riesgos si no se prorroga la emergencia sanitaria que está vigente desde la crisis de 2001. Esa norma les permitió evitar el pago de aportes y contribuciones sin ser embargados. Sin esa ayuda, advierten, el sistema de la seguridad social estaría al borde de la quiebra. El Congreso debe definir a fin de año si la prorroga, y de esa decisión dependen los prestadores que atienden a afiliados del PAMI, de las obras sociales provinciales y sindicales, y de la medicina prepaga.

Las cámaras del sector informan que la brecha entre los costos y los ingresos de las clínicas y los sanatorios llegó al 57% en diciembre de 2023 y que, con la desregulación de las prepagas y la desaceleración de la inflación, se estancó en un 26% en la actualidad. "El sector prestador está en un equilibrio precario y desigual: se recuperó donde dominan las prepagas y sigue atrasado donde dependen del PAMI y las obras sociales, especialmente en el interior", resumen. Desde una de las principales prepagas, que tiene más espalda que el resto, reconocieron que "la situación es preocupante".

Una semana de tensión con el PAMI

El conflicto escaló a principios de año, en un serio desacuerdo entre Salud y Economía por las transferencias del Tesoro que hizo crujir al sistema y llevó a los prestadores a encender las luces de alerta. Esta semana, por ejemplo, sanatorios y clínicas de todo el país convocaron a una suspensión de los servicios para los afiliados de la principal obra social, unos 6 millones, por 48 horas. También se registraron diferencias internas por algunos negocios dentro del PAMI que tuvieron eco en la Justicia.

El proyecto en Diputados

Según fuentes oficiales citadas por Infobae, se trabaja en un proyecto pedido por el sector, que analiza la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, que preside Manuel Quintar. La iniciativa, de "reforma del sistema prestacional de la salud", apunta a cerrar la emergencia a través de la regularización fiscal y previsional en hasta 180 cuotas, la protección frente a embargos cautelares y la compensación de créditos históricos del PAMI con obligaciones tributarias, entre otros puntos. Hubo más de diez reuniones con representantes del sector, pero todavía no se definió si el proyecto lo presentará el bloque oficialista, legisladores aliados o directamente el Ejecutivo.

Hay además un lobby de cámaras empresariales para apuntalar la iniciativa. El escollo principal, según el mismo medio, es el ministro de Economía, Luis Caputo, descripto como defensor de la disciplina fiscal a cualquier costo.

Qué está en juego para los afiliados

Para los trabajadores que se atienden en obras sociales sindicales, la discusión se traduce en turnos, cobertura de medicamentos y prestadores que dejan de atender cuando el sistema no les paga. Los números que cita la columna son declaraciones de fuentes del sector y de la CGT, no cifras oficiales, por lo que conviene leerlas como el diagnóstico de los actores interesados. Aun así, coinciden en un punto: hay una fecha, el cierre del año, en la que el Congreso deberá decidir si prorroga la emergencia, y de esa decisión dependerá cuánto tiempo más pueden sostenerse las clínicas y las obras sociales que hoy atienden a millones de afiliados.